La jornada para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial transcurrió sin incidentes mayores, pero con un dato todavía incierto: la magnitud real de la participación ciudadana. Hasta el cierre de esta edición las autoridades electorales no han divulgado resultados preliminares, lo que obliga a revisar, a la luz de la evidencia recopilada antes de los comicios, los factores que habrán determinado el desenlace de la votación.
Encuestas previas —entre ellas la de Consulta Mitofsky— advertían que únicamente 11 % de los electores sabía cuántas boletas recibiría y que 80 % declaraba no haber tenido nunca contacto con el Poder Judicial. La ausencia de emblemas partidistas en las papeletas, sustituidos ahora por listados de hasta 40 nombres ligados a distintos tribunales, elevó el umbral de confusión.
A la pregunta «¿Está seguro de ir a votar?», apenas 27 % de los consultados respondió afirmativamente. No obstante, los ejercicios de campo suelen sobre-estimar entre 10 y 15 puntos la afluencia efectiva; de ahí la previsión de una participación real cercana al 10–15 % del padrón. En un escenario tan estrecho, la capacidad de cada bloque para movilizar simpatizantes —más que la popularidad de los aspirantes— se volvió el factor crítico para conquistar plazas.
La misma encuesta reveló que el grupo con mayor disposición declarada a sufragar estaba compuesto por personas mayores de 50 años (36 %) y mujeres (30 %). Dentro de la segmentación política, el 32 % de los simpatizantes de la 4T manifestó intención de acudir a las urnas, frente a promedios más bajos en otros conglomerados. Por contraste, sólo 22 % de los jóvenes de 18-29 años afirmó que participaría, confirmando la histórica apatía de ese estrato en elecciones especializadas.
A diferencia de comicios legislativos o ejecutivos —donde la marca partidista simplifica la decisión—, esta contienda colocó al elector ante nombres prácticamente anónimos. Al eliminarse el «anclaje» ideológico, el voto dependió de:
Redes de influencia directa (colegios de abogados, sindicatos judiciales, organizaciones civiles).
Estrategias de operación territorial desplegadas por grupos con capacidad logística para trasladar electores.
En la práctica, la elección se transformó en una prueba de fuerza entre estructuras de movilización más que en un ejercicio de deliberación pública sobre la justicia.
La combinación de baja concurrencia y alta incidencia de acarreos podría minar la legitimidad de los futuros magistrados si la participación final se confirma en rangos de un solo dígito. Además, la inexistencia de estudios demoscópicos abiertos —restringidos por regulación— impide calibrar con antelación el sentir de la población, incrementando las tensiones postelectorales.
Con los conteos aún pendientes, dos lecciones emergen: la urgencia de educar al electorado sobre los mecanismos de designación judicial y la conveniencia de repensar el formato de las boletas para facilitar una decisión informada. Mientras tanto, la incógnita principal no será quién obtuvo más votos, sino cuántos ciudadanos participaron realmente. Ese porcentaje definirá, en última instancia, la autoridad moral de los nuevos representantes del Poder Judicial.
Por Carlos Jesus Azpe Fimbres